El fraude de bienestar es la recepción de beneficios de bienestar gubernamentales facilitados a través de una tergiversación intencional a la agencia gubernamental en particular que distribuye los beneficios. El término “bienestar” abarca una amplia variedad de beneficios disponibles para los necesitados, incluidos cupones de alimentos, viviendas subsidiadas y programas de asistencia energética. La obtención fraudulenta de cualquiera de estos beneficios a través de tergiversaciones diseñadas para hacer que el solicitante sea elegible para recibir beneficios o aumentar sus beneficios implica un fraude de bienestar. Las sanciones por fraude de asistencia social varían de una jurisdicción a otra, pero pueden incluir no solo el reembolso de los beneficios recibidos, sino que también pueden resultar en encarcelamiento.
La asistencia financiera proporcionada por el gobierno a las personas que se considera que necesitan dicha asistencia varía según la jurisdicción. El término «bienestar» es un término muy general que abarca todos estos beneficios. Recibir asistencia a través de dichos programas depende del cumplimiento de ciertas pautas estrictas, por lo que los solicitantes pueden tergiversar intencionalmente su situación para cumplir con dichas pautas. No importa el programa de asistencia social o la tergiversación, este acto constituye un fraude de asistencia social.
Para cometer fraude de asistencia social, no es necesario que el solicitante se represente activamente en la solicitud inicial. Por ejemplo, muchos gobiernos brindan asistencia financiera mensual a personas cuyos ingresos están por debajo de cierto umbral. En general, hay muchos factores que determinan este umbral, incluida la cantidad de ingresos y el costo de vida en el área en la que reside. Si una persona que fue admitida legítimamente a este programa de bienestar social obtiene otra fuente de ingresos, es su obligación informar esta fuente adicional a la organización gubernamental que brinda los beneficios. El simple hecho de no informar sobre este aumento de la capacidad de generar ingresos es suficiente para constituir un fraude social.
Otro ejemplo común de fraude de asistencia social es la denuncia de dependientes adicionales, ya que la cantidad de niños que mantiene un beneficiario de asistencia social suele ser un factor primordial para determinar el nivel de asistencia financiera. Las organizaciones que brindan dicha asistencia generalmente están mal equipadas para monitorear la situación de los beneficiarios. Como resultado, el fraude a la asistencia social es un delito bastante común en los países que ofrecen asistencia social, ya que es muy difícil determinar el número exacto de dependientes que tiene un receptor.
Las sanciones por fraude de asistencia social varían de una jurisdicción a otra, pero los infractores casi siempre se ven obligados a reembolsar los beneficios que recibieron de manera fraudulenta. Los infractores particularmente atroces también pueden enfrentar penas de prisión y fuertes multas. Desafortunadamente, debido al hecho de que quienes reciben estos beneficios generalmente no tienen dinero para empezar, la capacidad de los gobiernos para recuperar estas pérdidas es muy limitada.