En el área del derecho penal, el litigio de la defensa se refiere a las diversas tácticas legales empleadas por los abogados durante el curso de su representación de los acusados. En los Estados Unidos, las personas arrestadas y acusadas de un delito gozan de la protección del debido proceso garantizada por la Constitución. La naturaleza y el alcance de las acciones legales emprendidas por un abogado defensor en nombre de su cliente, hasta cierto punto, dependerán de si la policía y el fiscal han seguido escrupulosamente estas garantías procesales constitucionales.
En algunos casos, un abogado penalista puede presentar un argumento legal que afirma que se han producido violaciones al debido proceso, lo que puede resultar en la desestimación de los cargos contra su cliente. Por ejemplo, si hay suficientes hechos para respaldar la conclusión de que la policía no tuvo una causa probable para arrestar a su cliente, un tribunal puede ordenar que se retiren los cargos. De manera similar, si alguna prueba se obtuvo ilegalmente, por ejemplo, porque la policía excedió el alcance permisible de una orden de registro emitida por un juez, el abogado del acusado argumentará que se debe excluir cualquier evidencia obtenida. En algunas circunstancias, estos defectos pueden obstaculizar la capacidad de la fiscalía para juzgar su caso ante un jurado.
El estándar de prueba requerido para una condena penal es evidencia que indica que el acusado es culpable más allá de toda duda razonable. Durante el juicio, la estrategia principal del litigio de la defensa es plantear suficientes preguntas, en la mente de los jurados, sobre si la acusación ha cumplido con esta carga. Una táctica común en los litigios de defensa es intentar socavar la credibilidad de los testigos de la acusación mediante un contrainterrogatorio riguroso. En muchos casos, algunos de los testigos clave de la acusación habrán recibido incentivos para testificar en forma de sentencia reducida o inmunidad procesal. El abogado del acusado intentará retratar el testimonio de dichos testigos como poco fiables y poco fiables, debido a este beneficio que han recibido a cambio de su testimonio.
Si un jurado condena a un acusado, los procedimientos de litigio de la defensa implicarían revisar los posibles motivos para anular el veredicto. Un abogado penalista revisaría la transcripción del juicio para saber si existen motivos legítimos para una apelación. Estos pueden incluir errores cometidos por el juez de primera instancia, como permitir ciertas pruebas o testimonios que fueron perjudiciales para el acusado. Un tribunal de apelaciones puede ordenar un nuevo juicio si determina que el juez de primera instancia cometió errores de derecho al conducir los procedimientos, de modo que el acusado no pudo recibir un juicio justo.