El 11 de septiembre de 2001, terroristas utilizaron aviones para llevar a cabo actos de terrorismo en los Estados Unidos (EE. UU.). Después de estos eventos, la Ley de Reforma de Inteligencia y Prevención del Terrorismo de 2004 requirió el desarrollo de una lista de exclusión aérea. El propósito de esta medida de seguridad era ayudar a combatir la amenaza del terrorismo manteniendo a las personas peligrosas fuera de los aviones. La constitucionalidad y la efectividad de esta lista son temas de controversia.
Las personas que están en la lista de exclusión aérea no pueden abordar aviones para vuelos nacionales dentro de los EE. UU. A estas personas tampoco se les permite abordar aviones para salir de los EE. UU. Además, las personas cuyos nombres aparecen en esta lista no pueden volar a los EE. UU.
El número exacto de nombres en la lista es generalmente una cuestión de especulación. Esta información no se hace pública. Las personas que están en la lista no son notificadas y no tienen forma de saber que son sospechosos de terrorismo. La imposibilidad de utilizar los servicios de registro automático que de otro modo deberían estar disponibles puede ser una indicación de que el nombre de una persona está en la lista, ya que a las personas en la lista se les niegan estos privilegios.
La Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) afirma que «La lista de ‘No-Fly’ ha sido un elemento esencial de la seguridad de la aviación: mantiene a los terroristas conocidos fuera de los aviones». La Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), que ya ha demandado al gobierno de los Estados Unidos con respecto a la lista, dice que es inexacta porque «es prácticamente imposible saber de antemano si una persona es un terrorista». No existen estadísticas creíbles para determinar qué tan efectiva es realmente la lista.
Además de la TSA, las aerolíneas también desempeñan un papel en ayudar a evitar que las personas que figuran en la lista de exclusión aérea aborden aviones. Cuando se hagan adiciones a la lista, se debe notificar a las aerolíneas. El gobierno de los EE. UU. Exige que las aerolíneas verifiquen la lista actualizada dentro de las dos horas posteriores a la notificación de que se han realizado cambios.
Si bien en general se cree que las intenciones detrás de la creación de la lista de exclusión aérea son positivas, ha creado algunos problemas y ha generado críticas. Un problema con la lista de exclusión aérea es que se puede detener, interrogar o impedir que vuelen personas inocentes simplemente porque sus nombres generan preocupaciones. Se han informado casos en los que se confundió a niños pequeños con personas sin privilegios de vuelo. La prevalencia de este problema ha llevado al desarrollo del Programa de Investigación de Reparación de Viajeros (TRIP) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esto permite que las personas que afirman haber sido afectadas falsamente por la lista de moscas soliciten que se resuelva el problema.