El intercambio ilegal de archivos implica la transferencia digital de material protegido por derechos de autor a usuarios no autorizados. Es visto por muchos como una de las mayores amenazas al sistema de derechos de autor en el mundo moderno, causando pérdidas de ganancias a gran escala en la industria de los medios. Las sanciones legales por el intercambio ilegal de archivos varían un poco entre las regiones, aunque la mayoría implican la imposición de multas severas en lugar de castigos más restrictivos como el encarcelamiento.
El mundo del intercambio de archivos irrumpió en la escena de Internet a mediados de la década de 1990, cuando los primeros programas de intercambio de archivos hicieron fácil y conveniente buscar y descargar archivos de otros usuarios. La llegada de estos programas les pareció a muchos una gran conveniencia para muchos; Las canciones, los fragmentos de películas y el material impreso ahora se pueden compartir e intercambiar a través de Internet, al igual que los DVD o CD se pueden intercambiar o prestar a amigos. Desafortunadamente, muchos gobiernos reconocieron rápidamente la práctica como una infracción de los derechos de autor, aunque la falta de leyes específicas que guíen el protocolo de intercambio de archivos digitales hizo de esta una empresa turbia durante muchos años.
Hoy en día, la imposición de sanciones legales por el intercambio ilegal de archivos es un proceso mucho más concreto. Los infractores pueden enfrentar multas por infracción basadas en el valor total o por archivo, y se les confiscarán sus archivos. Dado que el intercambio ilegal de archivos es frecuente en los colegios y universidades, muchas de estas organizaciones también han impuesto sanciones a los estudiantes sorprendidos compartiendo archivos a través de la red de la universidad. Las sanciones impuestas por las escuelas pueden variar desde el uso restringido de Internet hasta el despido de la institución.
Algunas regiones, como Australia, se reservan el derecho a imponer penas de prisión y multas por compartir archivos ilegalmente. Sin embargo, esta opción generalmente se evita, al menos en parte debido al temor de la protesta pública por encarcelar a personas por compartir archivos. En los casos de intercambio de archivos a gran escala, o cuando el intercambio ilegal se realiza en beneficio de una empresa pirata, la cárcel puede ser una posibilidad. La Unión Europea permanece en un acalorado debate en el siglo XXI sobre el uso de penas de prisión para compartir archivos; algunos sugieren que las multas son el camino apropiado, mientras que otros prefieren un sistema de sanciones no monetario que negaría a los infractores el acceso a Internet.
Las sanciones por compartir archivos ilegalmente siguen siendo un tanto controvertidas, incluso entre los artistas cuyo trabajo está en juego. Curiosamente, las multas por compartir archivos no siempre se transfieren al artista cuyos derechos de autor han sido violados, sino que regresan al gobierno. Algunos artistas, autores y cineastas se han pronunciado en contra de esta tendencia, sugiriendo que algunos gobiernos están utilizando la violación de los derechos de autor como una oportunidad para generar ingresos, en lugar de compensar a quienes han perdido ingresos mediante el intercambio de archivos.