Una demanda colectiva sobre hipotecas es una demanda civil consolidada contra la industria hipotecaria. Un grupo de demandantes con quejas individuales está certificado como una clase para que puedan presentar reclamos relacionados con préstamos hipotecarios en un solo caso judicial. Aunque teóricamente posible en cualquier jurisdicción que permita acciones colectivas, este tipo de caso es particular de Estados Unidos, desarrollado para responder al boom inmobiliario de principios de la década de 2000 y la posterior recesión y crisis inmobiliaria que se produjo a finales de la década.
La certificación de acción de clase es una herramienta popular de litigio de consumidores en los EE. UU. Los demandantes individuales, que pueden no tener una causa de acción por sí mismos que justifique el costo del litigio, se agregan y su problema se litiga en un caso representativo. El juicio potencial se incrementa para acomodar a todo el grupo. De esta manera, el tribunal logra cierta coherencia y eficiencia al decidir un caso en lugar de tener una multitud de casos que se abren paso a través del sistema en varias jurisdicciones.
La industria hipotecaria no había sido el foco de las principales demandas colectivas antes de la crisis inmobiliaria en Estados Unidos de finales de la década de 2000. Cuando los estándares hipotecarios laxos y las prácticas crediticias sin escrúpulos que impulsaron el auge de la vivienda se transformaron en un incumplimiento generalizado del consumidor, los prestatarios contemplaron el uso de la Ley de Veracidad en los Préstamos para cancelar hipotecas con tasas ajustables engañosas y errores materiales en los documentos del préstamo. La capacidad de los prestatarios individuales para ejercer sus derechos conforme a la ley fue esporádica, y abogados expertos probaron la acción de clase hipotecaria como una forma de lograr una reparación total.
Los bancos y las empresas hipotecarias han luchado agresivamente contra la noción de que una demanda colectiva hipotecaria es un vehículo adecuado para la reparación individual en virtud de la Ley de Veracidad en los Préstamos. Algunos tribunales han estado de acuerdo. El remedio en este tipo de acción de clase requeriría la cancelación del préstamo y la devolución de todos los intereses, costos y tarifas asociados con el préstamo. Un solo caso judicial que pretendiera establecer este tipo de responsabilidad en una clase diversa haría mucho más fácil para los consumidores obtener la cancelación de un préstamo, pero sería un golpe monumental para la industria hipotecaria.
Algunos tribunales de los Estados Unidos a nivel estatal y federal han permitido la certificación colectiva de una demanda colectiva hipotecaria, mientras que otros tribunales a nivel federal y de apelación no han revocado decisiones anteriores. El eje es si el tribunal cree que un representante de la clase puede abarcar adecuadamente la multitud de posibles circunstancias individuales que podrían rodear la concesión de un préstamo y el incumplimiento posterior. Ningún caso de este tipo en los EE. UU. Ha llegado todavía a juicio. La viabilidad de la acción de clase hipotecaria es un tema que podría ser abordado por la Corte Suprema de los Estados Unidos para una decisión final.