En los Estados Unidos, no existen estándares nacionales establecidos para las condiciones carcelarias. Algunas violaciones graves de los derechos de los presos se han procesado en los tribunales y las condiciones han mejorado en las últimas décadas. Sin embargo, los intentos de imponer estándares nacionales al sistema penitenciario de la nación han fracasado.
El sistema penitenciario de la nación abarca una gran variedad de tamaños, niveles de seguridad y culturas institucionales. No todas las cárceles son estatales: muchas son propiedad de contratistas privados. Solo unos pocos estados, como Illinois, Pensilvania y Nueva York, tienen comisiones estatales que regulan las condiciones carcelarias. Otros estados, como California, tienen organizaciones legales dedicadas a representar a los prisioneros en casos de abuso.
En 2005, un grupo de profesores, funcionarios penitenciarios, psicólogos y líderes políticos formaron la Comisión sobre Seguridad y Abuso en las Prisiones de Estados Unidos para estudiar las condiciones de las instalaciones correccionales en todo el país. Descubrieron que los datos sobre la violencia y el abuso sexual en las cárceles no se informan crónicamente. La comisión emitió recomendaciones para mejorar los estándares de las condiciones carcelarias, incluida una mejor atención médica, más oficiales penitenciarios y mejor capacitados, y cambiar la cultura carcelaria a una de optimismo. También recomendaron la creación de un comité de supervisión en cada estado para regular y estandarizar las condiciones carcelarias. Aunque la comisión provocó un debate en algunos estados, la misión más amplia del consejo no ha tenido éxito con los gobiernos estatales con problemas.
Un caso importante que promovió el concepto de los derechos de los prisioneros fueron los casos Holt v. Sarver de 1969 y 1970. La Unidad Agrícola Cummins, ubicada cerca de Little Rock, Arkansas, era conocida por sus condiciones de segregación racial y largos períodos de confinamiento solitario. Los guardias hicieron poco para proteger a los reclusos de las peleas que con frecuencia estallaban en las condiciones de hacinamiento. En 1969, los reclusos llevaron sus quejas a un juez, quien ordenó a Cummins Farm que mejorara sus condiciones.
A pesar del fallo, las quejas de los reclusos continuaron y el juez reabrió el caso en 1970. En Holt v. Sarver II, el tribunal dictaminó que las condiciones de la Unidad Agrícola Cummins equivalían a un castigo cruel e inusual prohibido por las enmiendas 8 y 15. Una comisión se aseguró de que Cummins Farm mejorara sus condiciones.
Tras la decisión de Holt v. Sarver, los tribunales se vieron inundados de demandas de reclusos descontentos con respecto a las condiciones inseguras en sus cárceles. En 1996, el Congreso aprobó la Ley de Reforma de Litigios de Prisioneros, que hizo más difícil para los prisioneros presentar demandas. Los reclusos primero deben presentar sus quejas ante los más altos niveles de autoridad dentro de la prisión. La regla de los «tres strikes» sostiene que si un recluso presenta tres casos que el juez considera maliciosos o innecesarios, ese recluso no puede presentar más apelaciones.