¿Cuál es la ley del caso?

Cuando un tribunal dicta un fallo en un caso y el tribunal de apelaciones confirma el fallo, o el apelante no cuestiona el fallo, el fallo se considera definitivo y se convierte en la ley del caso. Para efectos de ese caso, la sentencia no está sujeta a reconsideración.

La ley del caso no es una doctrina de precedente, ni stare decisis, la doctrina jurídica de que una sentencia se vuelve vinculante en casos posteriores. Más bien, se trata de una cuestión de derecho procesal diseñado para garantizar la economía judicial. Evita que los tribunales se atasquen por el hecho de que el apelante plantee nuevos asuntos en apelaciones posteriores.

El concepto de la ley del caso, aunque implícitamente en la práctica en Gran Bretaña y los Estados Unidos durante siglos, no tiene una base en la ley estatutaria. Es decir, generalmente no existen estatutos o leyes que declaren que un juez debe acatarlo. Es un ejemplo de derecho consuetudinario, hecho por los tribunales, es decir, no obstante, vinculante para todas las partes.

La ley del caso no debe confundirse con el concepto de jurisprudencia, el cuerpo legal general establecido por las sentencias judiciales. El derecho del caso se refiere a la permisibilidad de una parte que impugne fallos anteriores en un solo caso. Siempre que los hechos no cambien, el fallo se considera resuelto a los efectos de las apelaciones posteriores o si el caso se devuelve o se devuelve al tribunal de primera instancia.

Si los hechos de un caso cambian o si el tribunal de primera instancia estaba claramente equivocado, la ley del caso ya no se aplica. Por ejemplo, si en la apelación, un tribunal de apelaciones permitiera la introducción de nueva evidencia que arrojara nueva luz sobre los hechos, los jueces de apelación estarían obligados a revocar un fallo anterior. Generalmente, los tribunales de apelación limitan su revisión a las conclusiones de la ley, dando deferencia a las conclusiones de los hechos del tribunal de primera instancia.

Sin embargo, los tribunales no aplicarán la doctrina de la ley del caso cuando hacerlo crearía una injusticia. También reconsiderarán asuntos que normalmente se considerarían resueltos si ha habido un cambio en la ley: una cuestión de ley en la que se basó el tribunal de primera instancia ha sido posteriormente revocada o ha habido un cambio legal que afecta el caso actual.