La justicia reproductiva es una filosofía feminista y progresista que enfatiza el derecho de todas las mujeres, independientemente de su raza, nacionalidad o clase social, a tomar sus propias decisiones sobre la maternidad y la salud reproductiva. El término justicia reproductiva fue adoptado por muchos grupos feministas progresistas, particularmente aquellos compuestos por mujeres de color, en la década de 1990 para comunicar su compromiso con un amplio espectro de derechos reproductivos. Por lo general, estos grupos argumentaron que la consideración de los derechos reproductivos, incluido el derecho al aborto y el acceso a la anticoncepción, debe considerarse una cuestión de justicia social y no solo una cuestión de elección privada. Los defensores de esta filosofía con frecuencia critican a los defensores del aborto y la anticoncepción convencionales por enmarcar la discusión sobre los derechos reproductivos como una cuestión de elección, que no reconoce las formas en que el racismo y las disparidades económicas limitan las opciones de muchas mujeres. Como tal, quienes perciben los derechos reproductivos como una cuestión de justicia argumentan que, si bien las mujeres deben tener acceso a servicios de anticoncepción y aborto, también deben tener acceso a la atención prenatal y estar protegidas contra la esterilización no deseada o las medidas invasivas de planificación familiar.
En la década de 1990, las ideas de justicia reproductiva comenzaron a llamar la atención en varios movimientos sociales progresistas, como los que abogaban por la justicia social y los derechos de las mujeres. Las feministas de color y otros activistas antirracistas argumentaron que simplemente legalizar el aborto o los servicios anticonceptivos no brinda acceso a los servicios de salud reproductiva. En un marco de justicia reproductiva, las mujeres no se verían limitadas en sus opciones reproductivas por la falta de fondos o la imposibilidad de acceder a una atención de calidad. Las políticas públicas, los trabajadores sanitarios o los empleados de los servicios sociales tampoco desanimarían a las mujeres a tener hijos simplemente por su situación económica, raza u origen étnico. En cambio, las mujeres tendrían acceso a servicios médicos y de otro tipo que las ayudarían a tener un embarazo saludable, tener un parto seguro y poder brindarles un hogar seguro a sus hijos.
Los defensores de la justicia reproductiva también buscan la provisión de servicios de salud sexual culturalmente sensibles. Estos servicios ayudarían a todas las mujeres a proteger su salud reproductiva y recibir un tratamiento eficaz para las infecciones de transmisión sexual y otros problemas de salud. Además de los servicios de salud accesibles, la justicia reproductiva también exigiría la disponibilidad de educación sexual de calidad, lo que permitiría a las personas participar plenamente en las decisiones sobre su comportamiento sexual y salud sexual y si desean tener un hijo.