Cuando el presidente de los Estados Unidos firma un proyecto de ley, tiene la opción de incluir una declaración de firma. Una declaración firmada que acompañaba a una ley no se utilizó con frecuencia hasta finales de la década de 1980. Desde entonces, el presidente Ronald Reagan, el presidente George Bush, el presidente Bill Clinton y el presidente George W. Bush han redactado más de 200 declaraciones firmadas. Antes de la presidencia de Reagan, la declaración de firma fue una táctica poco utilizada, que se produjo solo 75 veces en 200 años de gobierno.
Una declaración firmada no está prohibida, aunque se argumenta que una declaración firmada no debe considerarse más importante que la ley firmada que la acompaña. Sin embargo, ocasionalmente puede ser una declaración sobre cómo el presidente tiene la intención de interpretar la ley para su propio beneficio.
Por ejemplo, la declaración firmada por el presidente George W. Bush que acompaña a la Ley de Detenidos McCain de 2005, que prohíbe la tortura de sospechosos detenidos, disminuyó la ley al sugerir que el presidente administraría la ley bajo su discreción. A menudo, la declaración firmada puede ser una que sugiera que la ley interfiere con los poderes ejecutivos del presidente y, por lo tanto, puede aplicarse solo cuando sea necesario.
De hecho, el presidente de los Estados Unidos está obligado a incluir una declaración firmada si siente que la ley niega de alguna manera los poderes presidenciales. Aunque el Congreso preferiría que las leyes se aplicaran a todos en el país, y preferiría redactar una ley que sea observada por todos, la declaración firmada puede ser un argumento en contra de la necesidad de que el presidente observe la ley.
La declaración de firma se aplica generalmente de tres formas. Puede incluir una declaración de que la ley va en contra de los poderes definidos constitucionalmente del poder ejecutivo. Puede usarse para encender un partido político e instarlo a actuar de cierta manera. Alternativamente, puede definir más específicamente los caprichos en la ley con la esperanza de que la declaración firmada sea utilizada como interpretativa por los jueces que administran la ley.
En muchos casos, la Corte Suprema de los Estados Unidos ha declarado que la declaración firmada por un presidente no debe usarse para interpretar la ley. Más bien, la interpretación de la ley es el objetivo del poder judicial del gobierno. Sin embargo, un juez no está obligado a ignorar una declaración firmada al adjudicar un caso.
La preocupación por la interferencia del poder ejecutivo en la provincia del poder legislativo a través de declaraciones firmadas ha generado un proyecto de ley que en realidad negaría el poder potencial de la declaración firmante. El Proyecto de Ley de Declaración de Firma Presidencial propuesto en 2006 prohibiría a los jueces considerar la firma de declaraciones como autoridad. También permitiría a la Cámara de Representantes o al Senado oponerse a la declaración firmada por un presidente y, de ser necesario, demandar para que la declaración sea declarada inconstitucional.
Muchos argumentan que la declaración firmada va en contra de la esencia del equilibrio de poder que supuestamente es el sello distintivo del gobierno de Estados Unidos. Cabe señalar que un miembro del partido político del presidente presentó este proyecto de ley. Este es menos un tema partidista y más simplemente un tema interpretativo con respecto al alcance del poder político que ostenta cualquier rama del gobierno.