La mala administración es un término legal que se refiere al incumplimiento por parte de una organización, agencia o entidad del gobierno de llevar a cabo sus deberes y responsabilidades de manera adecuada y completa. La mala administración pública puede ser involuntaria o intencionada. Puede deberse a ineficiencia o despilfarro, errores o errores administrativos, incompetencia, negligencia o descuido. Por otro lado, la corrupción burocrática en forma de sobornos, comisiones ilegales, trueques a cambio de favores, actividades ilegales o apropiación indebida de recursos públicos para uso personal constituye mala administración intencional. La definición de mala administración varía de acuerdo con la cultura y la ideología política de la sociedad en la que ocurren los supuestos hechos.
En el Reino Unido (Reino Unido), los defensores del pueblo de los servicios públicos investigan las quejas de los ciudadanos sobre mala administración y fallas en el servicio, especialmente en los casos en que los denunciantes han sufrido, en consecuencia, dificultades financieras o injusticias. El Defensor del Pueblo del Gobierno Local (LGO) examina las quejas relacionadas con las autoridades locales, mientras que el Servicio del Defensor del Pueblo supervisa a los propietarios, la vivienda pública y las asociaciones de vivienda. Los defensores del pueblo parlamentarios investigan las acusaciones de injusticia o parcialidad, procedimientos defectuosos, fallas en el servicio y comunicación inapropiada o mal manejada dentro de los departamentos gubernamentales. Además, los defensores del pueblo del servicio público y del servicio de salud brindan vías para que los ciudadanos protesten contra el acceso, la prestación o la prestación incompetentes de los servicios públicos. Los defensores del pueblo no manejan asuntos relacionados con contratos comerciales, política gubernamental, legislación o asuntos relacionados con los empleados.
La injusticia como resultado de una mala gobernanza está mal definida. Las dificultades que califican para la investigación incluyen gastos innecesarios o pérdidas financieras incurridas por los ciudadanos, así como la falta de recepción de un servicio. Además, algunos defensores del pueblo también tienen en cuenta cualquier angustia, molestia e inconveniencia que pueda haber experimentado un ciudadano y el tiempo y el esfuerzo necesarios para presentar una queja válida. Muchas investigaciones dependen de la medida en que un ciudadano se haya visto afectado.
Las naciones del mundo occidental definen la mala administración de manera más estricta que otros países, en gran parte debido a su ideología de servicio público que considera a los servidores públicos como fideicomisarios del interés común y el bienestar. Como tal, se espera que los funcionarios del gobierno sean honestos, trabajadores, confiables y justos. Deben adherirse a la ley e intentar desempeñar sus funciones de manera consciente y eficiente de la manera más rentable posible. Su conducta oficial debe ser irreprochable, ética, competente, sabia y honorable. Aunque la administración pública rara vez está a la altura de este ideal, los servidores públicos que se desvían de esta ideología enfrentan cargos de mala administración.
Las investigaciones muestran que la mala administración del gobierno está relacionada con varios factores. Una burocracia rígida y de mano dura, un gobierno excesivamente centralizado, una dependencia excesiva del gobierno por parte del pueblo y una falta generalizada de disciplina social y fiscal fomentan un entorno en el que se propaga la mala administración. Además, la corrupción sistémica que conduce a la mala administración prevalece cuando en una sociedad se derriban los altos estándares de conducta oficial y la integridad personal. Florece en un ambiente de secretismo, elitismo y alienación entre los líderes políticos y las personas a las que pretenden servir.