En los Estados Unidos, la obstrucción de la justicia es un delito que surge cuando alguien intenta prevenir, impedir o influir en la administración de justicia. Ejemplos de acciones que podrían resultar en un enjuiciamiento por tal delito incluyen sobornar a un miembro del jurado, amenazar a un juez o alentar el falso testimonio.
Se considera que la justicia sin obstáculos es una parte esencial de la sociedad estadounidense. Si los agentes de la ley no pueden cumplir con sus funciones, muchas de las garantías y principios en los que la gente cree podrían verse seriamente comprometidos. Para evitar que esto suceda, la obstrucción de la justicia está codificada en las leyes federales y estatales. Estas leyes también sirven como medida de protección para quienes están involucrados en la ejecución de la justicia.
Hay muchas acciones que pueden considerarse obstrucción de la justicia, incluidas acciones verbales, como amenazar a un juez o alentar a un testigo a dar un falso testimonio, y acciones físicas, como destruir pruebas e intimidar a un jurado. La ley federal y muchas leyes estatales con respecto a este delito es relativamente amplia. En la mayoría de los casos, la ley no describe específicamente qué acciones califican y cuáles no. Esto significa que generalmente es una cuestión de decisión judicial.
Existen muchas suposiciones falsas sobre el delito de obstrucción a la justicia. Por ejemplo, se puede suponer que una vez que se cierra un caso, la obstrucción no puede ocurrir, pero esto no es cierto. Las represalias también se pueden clasificar como obstrucción de la justicia. Es ilegal que una persona acose, inflija miedo o dañe a alguien, como un juez, un investigador o un testigo, que haya actuado en contra de sus intereses.
La obstrucción de la justicia no se limita a los procedimientos judiciales. Una persona puede ser declarada culpable de dicho delito por acciones cometidas durante una investigación. Esto es cierto incluso cuando la persona acusada de obstrucción no es objeto de investigación. También existe la idea errónea de que el cargo se limita a casos penales. Una persona que intente impedir la ejecución de la justicia civil también puede ser acusada de este delito.
También se pueden presentar cargos de obstrucción contra funcionarios públicos y sus afiliados. Se sabe que jueces, fiscales y asistentes políticos enfrentan tales cargos. Los funcionarios judiciales pueden ser acusados por no cumplir deliberadamente con alguna obligación en el curso de los procedimientos legales. Los asesores políticos pueden encontrarse con tales cargos cuando un político está bajo investigación y actúan para evitar la divulgación de información precisa.