Una tutela de ancianos se crea cuando un tribunal designa a alguien como tutor legal de una persona de edad avanzada que está incapacitada de alguna manera. En la mayoría de los casos de tutela, la persona mayor ya no puede tomar decisiones sobre su tratamiento médico, condiciones de vida, dependientes y problemas económicos. Sin embargo, un tribunal puede optar por limitar esta tutela a ciertas áreas. Por ejemplo, si un anciano puede tomar decisiones sobre las finanzas pero ya no puede cuidar de sí mismo físicamente, el tribunal puede limitar la tutela a supervisar las necesidades físicas del hombre.
Por lo general, un tutor es un familiar o amigo de la persona mayor. En el caso de que un amigo o pariente no desee convertirse en el tutor legal de la persona, una agencia pública o privada, un abogado u otra persona designada por el tribunal también puede hacerlo. Por lo general, debe ser una persona competente mayor de 18 años, sin antecedentes penales.
Una cita de tutela de ancianos generalmente se hace una vez que un tribunal ha determinado que una persona de edad avanzada es incompetente. Los requisitos específicos de incompetencia varían de una jurisdicción a otra. Sin embargo, como regla general, el hecho de que una persona sea legalmente competente o no depende de su capacidad para tomar decisiones informadas y educadas sobre sus asuntos. Otro factor que influye es si la persona es capaz de satisfacer sus necesidades físicas. De lo contrario, es posible que la persona deba ser colocada en un hogar de ancianos u otro centro de atención, como una guardería para adultos.
Antes de que un caso llegue a un tribunal, generalmente se presenta una petición solicitando el nombramiento del tutor. Luego, el tribunal concede una audiencia para determinar si la persona mayor es incompetente y para decidir quién actuará como tutor. Durante la audiencia, un juez generalmente escucha el testimonio sobre la naturaleza de la discapacidad de la persona mayor y cómo esa discapacidad influye en la capacidad de la persona para tomar decisiones razonables. El juez también puede nombrar un tutor ad litem, una persona que evalúa y testifica sobre las condiciones mentales, el estado físico y las habilidades sociales de la persona mayor. Los procedimientos de tutela de ancianos pueden tardar hasta tres meses.
Esta forma de tutela puede ser cancelada o modificada por un tribunal. Por lo general, esto se hace cuando la persona mayor demuestra que ha recuperado la capacidad para tomar decisiones informadas y educadas. La tutela también puede modificarse si un tutor legal actual no desea o no puede continuar desempeñando esta función.