El abuso infantil es un tema que a menudo ha enfrentado resistencia en su reconocimiento como un problema legal y social. En 1974, el gobierno de los Estados Unidos redactó un proyecto de ley que abordaría el tema en su totalidad. La Ley Federal de Prevención y Tratamiento del Abuso Infantil proporciona definiciones de abuso infantil. La ley también establece un marco para la asistencia financiera a los estados y agencias individuales para que puedan desarrollar programas para el tratamiento y la prevención del abuso infantil.
El contenido de la Ley de Prevención y Tratamiento del Abuso Infantil proporciona un trasfondo básico del tema derivado de las investigaciones y estadísticas del gobierno. Luego, el documento proporciona un esquema estructural que destaca los objetivos principales de la ley: a saber, el tratamiento y la prevención del abuso infantil. Se proporcionan definiciones completas de los tipos principales de abuso infantil: abuso físico, abuso sexual, abuso emocional y negligencia, en el entendimiento de que cada estado puede mantener sus propias definiciones. El alcance básico de la ley fomenta la protección de las personas menores de 18 años que enfrentan riesgos dañinos por las acciones de un cuidador. Como tal, la ley se utiliza a menudo en casos de derecho de familia.
Dos importantes organizaciones gubernamentales de los Estados Unidos fueron el resultado de la Ley de Prevención y Tratamiento del Abuso Infantil: el Centro Nacional sobre Abuso y Negligencia Infantil (NCCAN) del Departamento de Salud y el Centro Nacional de Información sobre Abuso y Negligencia Infantil. La NCCAN es responsable de administrar subvenciones y financiar y coordinar programas. Esta última organización recopila datos de investigación y proporciona información y asesoramiento al público sobre el abuso infantil.
El financiamiento para problemas de abuso infantil bajo la Ley de Prevención y Tratamiento del Abuso Infantil cubre varios objetivos declarados. Se proporciona dinero para capacitación en identificación de abuso para funcionarios públicos relevantes, como educadores y trabajadores sociales, así como para programas de tratamiento para niños y cuidadores afectados por el problema. También se distribuyen subvenciones para oportunidades de investigación sobre el abuso infantil y sus causas y efectos. Estas ayudas financieras son otorgadas por el gobierno estadounidense a sus gobiernos estatales individuales.
Desde su creación, la Ley de prevención y tratamiento del abuso infantil ha sufrido muchos cambios. La versión de la ley de 2003 Keeping Children and Families Safe Act fue el resultado de una serie de cláusulas y progresiones de leyes anteriores, como la Ley de Prevención, Adopción y Servicios Familiares del Abuso Infantil de 1988 y la Ley de Reautorización de Subvenciones del Desafío de Prevención del Abuso Infantil de 1989. Enmiendas posteriores en la década de 1990 como la Ley de Justicia Juvenil y Prevención de la Delincuencia Las enmiendas de 1992 agregaron programas comunitarios, conciencia de sensibilidad cultural, consideraciones de familia sin hogar, reconocimiento de violencia doméstica, niños abandonados y disposiciones de delincuencia juvenil a la ley. En general, la Ley de Prevención y Tratamiento del Abuso Infantil refuerza más que dicta las leyes estatales con respecto a los problemas de abuso infantil.